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A 70 años de la nacionalización de las telecomunicaciones en Argentina

El desarrollo tecnológico ha permitido un nivel de socialización de los medios de comunicación que son muchas veces, a la vista de los capitalistas, un arma peligrosa para desarrollar protestas de masas.

21 de marzo| Mariela Pozzi |

Internet, a través de sus aplicaciones: Facebook, whastapp, telegram, instagram entre cientos de redes sociales alimenta una telaraña fantástica de híper conectividad. Un entramado de redes que ayudan a desarrollar las ganancias capitalistas pero también a organizar manifestaciones sociales y políticas de distinto tipo. Por este último motivo, y porque las comunicaciones son un servicio esencial para las masas, es que no pueden estar en manos de los empresarios.

Un poco de historia

La nacionalización de los teléfonos en la Argentina se produjo un 18 de marzo de 1948. Esta medida del gobierno de Perón, entre otras nacionalizaciones de servicios, respondió a una especie de pulseada en la nueva configuración mundial que se abría luego de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno contaba con las arcas del tesoro nacional abarrotadas de divisas y tuvo la política de otorgar cierta concesión a los sectores de sindicalistas que venían reclamando mayor participación en la producción de los servicios.

Al nacionalizar las empresas de teléfonos, permitió el acceso masivo a los usuarios populares, vía un extenso tendido de redes en los años siguientes. En esta medida progresiva hay que remarcar que el gobierno no procedió nunca a expropiaciones o confiscaciones. Con una estrategia paulatina, no se avanzó inicialmente con estatizaciones completas, sino con la conformación de empresas mixtas, con un control mayoritario por parte del Estado nacional, pero conservando parte del capital privado extranjero. A la vez, se preveía la incorporación de nuevo capital nacional mediante la emisión de acciones, así como de participaciones para los trabajadores (CEPAL, 1976).

Como dice Schvarzer: “La operación se sostuvo en un proceso de convergencia de los intereses de los principales actores intervinientes: la ITT, el Gobierno nacional y el cada vez más poderoso sindicato de la empresa. La ITT ya se mostraba interesada en desprenderse de la operadora, dadas las mayores exigencias económicas y operativas, debido al refuerzo del control tarifario y a las crecientes dificultades para el mantenimiento, prestación y expansión del servicio, que enfrentaba cada vez más demanda insatisfecha. Lo que había generado un clima de protesta social contra la empresa, coincidente con quejas similares hacia otras compañías privadas de servicios públicos en la época. A la vez, enfrentaba un duro conflicto con la organización gremial, un sindicato que de la mano del control de la empresa sobre el sector había tomado cada vez más fuerza sectorial pero también política, y que había pasado a reclamar por la nacionalización del servicio.”

La persecución a las telefonistas en 1949

Apenas cumplido un año de la nacionalización de las empresas de teléfonos, en el marco de una mayor injerencia del estado en los sindicatos, el sindicato telefónico se encontraba intervenido. Las trabajadoras telefónicas realizaron una huelga para terminar con la intervención y por mejoras condiciones laborales y de servicio. Reclamaban contra la política de ajuste para aumentar la productividad que quería llevar adelante el gobierno peronista. Ante esto las mujeres se pusieron a la cabeza por mejoras en el escalafón, los salarios y en contra del aumento de la jornada laboral.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar y en una verdadera “caza de brujas” secuestra literalmente de sus casas a más de veinte activistas para llevarlas a la Sección Especial de Policía donde son brutalmente torturadas.

Fueron torturadas Nieves Boschi de Blanco, Beatriz Dora Fernández, Nelly Galardi, Irene Rodríguez, Paulina Manasaro, Raquel Soto, Segunda Gil, Luci Vidal y el obrero revisor Hamlet Fassone, entre otros. Blanco había recibido picana "en los oídos, seños, vientre, ingle, órganos genitales y piernas, con una toalla húmeda como conductor", y según contaron, como consecuencia de esas torturas, perdió a su hijo. El obrero Hamlet Fassone relató: "Aplicáronme después la picana eléctrica con intensidad de 50 a 100 voltios, en el pene, testículos y ambos muslos y con voltaje de 100 a 150 en la cabeza… Los empleados policiales acusados han sido oficialmente felicitados por sus superiores".

El hecho fue tan grave que tomó estado público y hubo una campaña intensa para denunciar lo sucedido, cuestión que obligó a la liberación de las trabajadoras telefónicas.

Estos hechos quedaron denunciados en la película Los torturados es un semidocumental en blanco y negro dirigida por Alberto Du Bois.

¿Y ahora qué?

Hoy, a 28 años de la privatización de ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) bajo el gobierno peronista de Menem, y visto el grado amplísimo del desarrollo de las telecomunicaciones, cobra mucha importancia repensar su rol estratégico y al servicio de quién están.

Las mega fusiones de holdings de las telecomunicaciones (por ejemplo Cablevisión y Telecom) tienden a establecer un servicio altamente caro y de baja calidad, debido a la concentración cada vez mayor de las empresas en manos privadas y la baja inversión a largo plazo. De manera que resulta en un servicio ineficiente, y de acceso reducido a un sector de la población mientras los usuarios de menores ingresos están excluidos por sus las elevadas tarifas.

El día del trabajador telefónico

El 18 de marzo entonces, quedó establecido como el día del trabajador telefónico. Sin embargo, será completo cuando los trabajadores encontremos en esta conmemoración un debate junto con los usuarios populares, sobre las telecomunicaciones y podamos tomar decisiones sobre su destino.

Con este objetivo, la agrupación Violeta (PTS e independientes), desde nuestra creación hace 20 años, planteamos como tarea fundamental que la clase obrera tiene que pelear por la reestatización de las telecomunicaciones sin indemnización a las empresas . Esta reestatización no puede ser una simple nacionalización del servicio. Sino que debe estar bajo administración de sus trabajadores telefónicos y los usuarios populares para que cumplan una verdadera función social. Para que las comunicaciones estén vinculadas a las necesidades de los sectores populares, brindando un servicio con todos los avances tecnológicos. Y es posible realizarlo a través de comités de usuarios y trabajadores que controlen su buen funcionamiento.

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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